Ecuador admitió este martes que ha llevado a cabo operaciones militares contra grupos armados colombianos que operan dentro de su territorio, aunque negó rotundamente haber realizado ataques en suelo colombiano. La declaración, ofrecida por la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista televisiva, buscó aclarar las tensiones crecientes entre ambos países tras las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien denunció la noche anterior el hallazgo de una bomba lanzada desde un avión en una zona cercana a la frontera ecuatoriana.
Sommerfeld fue contundente al señalar que las acciones de Ecuador se limitan a combatir a “grupos irregulares” que cruzan desde Colombia y establecen campamentos en territorio ecuatoriano. “Son organizaciones que pasan nuestra frontera y se instalan aquí”, explicó, subrayando que el gobierno de Daniel Noboa no tolerará que estas estructuras criminales sigan “creciendo, amedrentando a la población y generando violencia”. La canciller evitó referirse directamente a las acusaciones de Petro, pero insistió en que su país actúa dentro de sus fronteras y con pleno respeto al derecho internacional.
El mandatario colombiano, por su parte, no presentó pruebas concretas de su denuncia, aunque anunció que pronto divulgaría un video grabado desde Ecuador que, según él, respaldaría sus afirmaciones. Petro también reveló que ha solicitado la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, para mediar en el conflicto y evitar una escalada mayor. “Nadie quiere una guerra”, advirtió Sommerfeld, aunque su tono dejó claro que Ecuador no cederá ante lo que considera una amenaza a su seguridad interna.
El cruce de acusaciones agravó una relación ya deteriorada por una guerra arancelaria que se arrastra desde principios de año. El conflicto comercial estalló cuando Noboa denunció la supuesta pasividad de Colombia en el combate al narcotráfico y el contrabando, además de señalar un déficit comercial de 850 millones de dólares a favor de su vecino. Como respuesta, Ecuador impuso aranceles del 30% a una amplia gama de productos colombianos, medida que Bogotá replicó con tasas similares, afectando a empresarios, comerciantes y transportistas de ambos lados de la frontera.
Horas antes de que Petro hiciera pública su denuncia, Ecuador había anunciado su disposición a dialogar con Colombia para buscar una salida negociada a la crisis comercial, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, el clima de desconfianza mutua parece haber opacado cualquier avance diplomático. Mientras Colombia insiste en que ha desplegado 11 mil militares en la zona fronteriza para contener el crimen organizado, Ecuador acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de drogas y armas que alimentan la violencia en su territorio.
La situación refleja no solo una disputa por temas de seguridad y comercio, sino también una profunda divergencia en las estrategias para enfrentar el crimen transnacional. Mientras Petro apuesta por un enfoque de “paz total” que incluya diálogos con grupos armados, Noboa ha optado por una postura más dura, con operaciones militares y un discurso que vincula directamente a Colombia con la inseguridad en Ecuador. La tensión, lejos de disiparse, amenaza con profundizar las fracturas entre dos naciones que, pese a su cercanía geográfica y cultural, parecen cada vez más distantes en sus prioridades políticas.
