El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, reiteró que la responsabilidad de supervisar y verificar demoliciones y construcciones recae directamente en las alcaldías, independientemente de si existen o no acuerdos de facilidades administrativas. Durante una conferencia de prensa, el funcionario abordó el caso del edificio colapsado en San Antonio Abad 124, ocurrido el pasado 9 de marzo, y señaló que la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, presentó documentos con “inconsistencias” en las fechas y sin las firmas correspondientes.

Muñoz Santini detalló que, entre los oficios entregados por la demarcación, ninguno niega explícitamente la licencia o autorización para la demolición del inmueble siniestrado. Aunque reconoció que las irregularidades en la documentación “llaman la atención”, aclaró que esto no implica necesariamente que la alcaldía haya alterado los papeles. “No estamos señalando que haya habido una manipulación”, precisó, pero insistió en que las discrepancias deben ser analizadas con rigor.

En ese sentido, el secretario expresó su confianza en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y aseguró que su dependencia estará atenta a cualquier requerimiento de la institución, así como de la Contraloría General. “De nuestra parte no hay ningún intento de evadir responsabilidades”, subrayó, al tiempo que defendió que las facilidades administrativas otorgadas para obras relacionadas con la reconstrucción han seguido en todo momento los lineamientos normativos.

El colapso del edificio en San Antonio Abad, que dejó al menos dos personas fallecidas y varias más heridas, ha generado un intenso debate sobre la supervisión de las construcciones en la capital. Vecinos y organizaciones civiles han denunciado que, en muchos casos, las demoliciones y remodelaciones se realizan sin los permisos correspondientes, lo que pone en riesgo la seguridad de los habitantes. Este caso, en particular, ha puesto bajo la lupa los protocolos de las alcaldías para autorizar este tipo de trabajos, así como la transparencia en la entrega de documentación.

Mientras las autoridades continúan con las indagatorias, el secretario de Vivienda insistió en que su dependencia actuará con total apego a la ley. “Estamos comprometidos con esclarecer los hechos y, sobre todo, con garantizar que situaciones como esta no se repitan”, afirmó. Por ahora, la Fiscalía y la Contraloría tienen en sus manos la tarea de determinar si hubo negligencia, omisiones o incluso posibles actos de corrupción en el proceso que culminó con la tragedia.

El tema ha cobrado relevancia no solo por el impacto humano, sino también por las implicaciones políticas. La alcaldesa Rojo de la Vega, quien ha enfrentado críticas por su gestión en la demarcación, ha defendido que su administración actuó conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, las inconsistencias en los documentos presentados han alimentado las sospechas de que algo no marchó como debía en el proceso de autorización.

Para los afectados y la ciudadanía en general, el caso es un recordatorio de la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión en las obras urbanas. Mientras las investigaciones avanzan, queda claro que la tragedia en San Antonio Abad no solo dejó pérdidas humanas, sino también un llamado a revisar a fondo cómo se gestionan los permisos de construcción en una ciudad con un crecimiento acelerado y, en muchos casos, desordenado.