La jornada en la que se entregaron los Programas para el Bienestar se convirtió en un espacio para reafirmar los avances sociales alcanzados durante esta administración. Ante un auditorio expectante, la mandataria subrayó que más de 13.5 millones de personas han dejado atrás la pobreza en los últimos años, un logro que atribuyó a políticas públicas concretas: el aumento sostenido del salario mínimo, la permanencia de los apoyos sociales y la implementación de programas innovadores. Entre estos destacan la Pensión Mujeres Bienestar, diseñada para garantizar seguridad económica a las adultas mayores; la Beca Rita Cetina, que busca reducir la deserción escolar en jóvenes, y el programa Salud Casa, que acerca servicios médicos a comunidades rurales y marginadas.
El evento también sirvió como plataforma para anunciar un paquete de acciones dirigidas a Baja California Sur, una entidad que, según se destacó, requiere atención prioritaria en varios frentes. En el ámbito hídrico, se presentó un ambicioso plan de recarga de acuíferos en el municipio de Comondú, una medida crucial para enfrentar la escasez de agua que afecta a la región. Además, se detallaron inversiones en infraestructura hidráulica, con obras que buscan mejorar el acceso y la distribución del vital líquido en zonas con altos niveles de estrés hídrico.
Pero los compromisos no se limitaron al agua. La agenda para la entidad incluye proyectos integrales en vivienda, salud y educación, así como la modernización de carreteras, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social. “No se trata solo de construir caminos, sino de abrir oportunidades”, se señaló durante el acto, donde se enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para cerrar brechas históricas en el país.
En el terreno político, la mandataria sorprendió al adelantar una reforma electoral que será enviada al Congreso en los próximos días. El proyecto, explicó, tiene tres ejes centrales: fortalecer la representación ciudadana, reducir los costos de los procesos electorales y erradicar prácticas que han minado la confianza en las instituciones. Entre los cambios propuestos se incluye la eliminación del nepotismo en los cargos públicos y la prohibición de la reelección, bajo el principio de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. La iniciativa, aseguró, busca devolverle al ciudadano el protagonismo en la vida democrática, garantizando que los recursos públicos se utilicen con transparencia y en beneficio de la mayoría.
El mensaje fue claro: los programas sociales y las obras de infraestructura no son solo números o promesas, sino herramientas para transformar realidades. Mientras algunos sectores cuestionan la eficacia de estas políticas, los datos presentados —como la reducción de la pobreza o el aumento en la cobertura de servicios básicos— refuerzan la narrativa de un gobierno que apuesta por un modelo de desarrollo con rostro humano. Sin embargo, el verdadero desafío, como se reconoció en el evento, será mantener el ritmo de estos avances en un contexto económico global incierto y con presiones internas que exigen resultados tangibles.
Lo que queda por delante es una prueba de fuego: demostrar que las políticas públicas pueden ser sostenibles a largo plazo y que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, sin distinciones. En Baja California Sur, como en el resto del país, la apuesta es clara: construir un futuro donde el progreso no sea privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todos.
