El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su partido avanzan en una ambiciosa reforma constitucional que busca imponer la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, en un país donde el encarcelamiento masivo se ha convertido en la piedra angular de su política de seguridad. Con la Asamblea Legislativa bajo su control absoluto, el gobierno ha acelerado una serie de cambios legales que, según sus críticos, consolidan un modelo de mano dura con escasos contrapesos democráticos.

La propuesta llega en un contexto de profundas transformaciones en el sistema judicial y político salvadoreño. Hace apenas unos meses, el oficialismo impulsó otra reforma clave: la eliminación de los límites al mandato presidencial, una medida que allana el camino para que Bukele pueda extender su gobierno más allá de 2024. Este movimiento, sumado a la concentración de poder en el Ejecutivo, ha generado preocupación entre analistas y organizaciones internacionales, que advierten sobre un retroceso en las garantías institucionales.

El endurecimiento penal es la continuación lógica de la “guerra contra las pandillas” que Bukele declaró en marzo de 2022, tras un repunte de violencia atribuido a grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. El estado de excepción, prorrogado en múltiples ocasiones, suspendió derechos fundamentales como la libertad de asociación y amplió los plazos de detención sin cargos. Aunque el gobierno celebra una drástica reducción en los índices de homicidios —que pasaron de 103 por cada 100 mil habitantes en 2015 a menos de 8 en 2023—, las cifras oficiales contrastan con las denuncias de abusos.

Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal desde que se implementó la medida. Una de ellas presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde señala que la mayoría de los más de 75 mil detenidos durante el régimen de excepción fueron arrestados sin pruebas suficientes. Bukele ha rechazado estas acusaciones con vehemencia, argumentando que los críticos buscan proteger a los criminales y deslegitimar los avances en seguridad.

Los funcionarios del gobierno han sido claros en su postura: los pandilleros capturados “jamás volverán a las calles”. Esta retórica, combinada con las reformas legales, dibuja un escenario donde la prisión se convierte en una condena sin retorno para miles de personas. Sin embargo, el debate trasciende lo penal. Expertos en derecho constitucional advierten que las modificaciones propuestas podrían vulnerar principios básicos del Estado de derecho, como la proporcionalidad de las penas y el derecho a un juicio justo.

El Salvador vive una paradoja: mientras el discurso de Bukele gana apoyo popular por los resultados en seguridad —su aprobación supera el 80%—, las voces que cuestionan los métodos son cada vez más aisladas. La polarización se acentúa con cada reforma, y la pregunta que queda en el aire es hasta dónde llegará el país en su apuesta por la mano dura. Lo cierto es que, más allá de los números, la estrategia ha redefinido no solo la política de seguridad, sino también los límites de la democracia en Centroamérica.