La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha abierto seis investigaciones por posibles irregularidades en los permisos otorgados para la instalación de la obra *Alicia en el país de las Maravillas* en el parque Lira, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según documentos oficiales, cualquier intervención en espacios públicos debe contar con las autorizaciones correspondientes, incluyendo los permisos y vistos buenos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas.

El caso ha generado un fuerte rechazo entre autoridades locales y organizaciones civiles, que exigen la destitución del titular de la alcaldía por presuntas omisiones en el proceso. Además, se ha instruido a la Comisión de Derechos Humanos a iniciar una investigación exhaustiva sobre los hechos, tras denuncias de posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra la obra.

“Estamos ante un escenario que podría configurar una detención ilegal, lo que representa una grave violación a la seguridad jurídica y a los derechos humanos”, advirtió el diputado Víctor Hugo Romo. El legislador subrayó que no se puede tolerar el uso de la fuerza pública para reprimir a ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse y defender el espacio público. “La protesta pacífica es un derecho fundamental, y cualquier intento de criminalizarla o sofocarla con medidas arbitrarias es inaceptable”, agregó.

El parque Lira, un área verde emblemática de la zona, se ha convertido en el centro de una polémica que trasciende lo ambiental. Vecinos y colectivos han denunciado que la instalación de la obra, que incluye estructuras temporales y modificaciones al paisaje, se realizó sin consultar a la comunidad ni evaluar su impacto en el entorno. Además, señalan que el proyecto carece de transparencia, pues no se han hecho públicos los estudios técnicos que respalden su viabilidad.

Las investigaciones de la PAOT buscan determinar si hubo incumplimiento de las leyes en materia de ordenamiento territorial, protección al medio ambiente y participación ciudadana. Entre los aspectos bajo escrutinio se encuentran la legalidad de los permisos, la afectación a áreas verdes y la posible alteración del uso de suelo, que en esta zona está destinado principalmente a recreación y conservación ecológica.

Mientras tanto, las protestas continúan. Los vecinos han organizado asambleas y movilizaciones para exigir la suspensión definitiva del proyecto, argumentando que el parque Lira es un espacio de convivencia y esparcimiento que debe preservarse. Algunos incluso han presentado amparos ante tribunales para frenar la obra, alegando que su ejecución viola derechos colectivos y normas ambientales.

El conflicto también ha puesto en evidencia las tensiones entre el gobierno local y la ciudadanía, que reclama mayor participación en las decisiones que afectan su entorno. “No se trata solo de una obra, sino de un precedente peligroso: si se permite que se modifiquen espacios públicos sin consulta, ¿qué impedirá que mañana se construya un centro comercial o un estacionamiento en un parque?”, cuestionó una integrante de un colectivo vecinal.

Por su parte, las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo han defendido el proyecto, asegurando que cumple con todos los requisitos legales y que busca fomentar la cultura y el turismo en la zona. Sin embargo, hasta el momento no han presentado pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones, lo que ha alimentado la desconfianza entre los vecinos.

El desenlace de este caso podría marcar un precedente en la forma en que se gestionan los proyectos en espacios públicos de la Ciudad de México. Mientras las investigaciones avanzan, la presión social sigue creciendo, y con ella, la demanda de que las autoridades rindan cuentas y garanticen el respeto a los derechos de la comunidad.